El régimen jurídico del urbanismo español se ha venido caracterizando por sucesivas reformas, refundiciones y adaptaciones derivados tanto de los pronun­ciamientos del Tribunal Constitucional como de la normativa de la Unión Euro­pea en materia de medio ambiente y de la dispersa regulación jurídica de esta materia, ejemplo paradigmático de lo que se conoce como «legislación motori­zada» y del penelopismo regulador por los sucesivos cambios que ha experimen­tado. El presente artículo se centra en el análisis de las actuaciones normativas y en la formulación y ejecución de políticas públicas en materia de medio ambien­te por la Unión Europea, con especial incidencia en la ordenación del territorio y el urbanismo. Asimismo, se incide en las iniciativas políticas comunitarias de vigilancia y control del urbanismo español, especialmente desde que en diciem­bre de 2005 se aprobó por el Parlamento Europeo el conocido como «informe Fourtou», posteriormente seguido por otros informes y actividades de seguimien­to que han cuestionado de forma severa la política urbanística española, en espe­cial la de algunas comunidades autónomas. El desarrollo sostenible, la política medioambiental entendida como una materia de alcance multidisciplinar, la reconducción del derecho de propiedad a sus justos términos, el escrupuloso respeto a las competencias de cada nivel te­rritorial y la atención a las recomendaciones y normativa comunitaria han reconducido progresivamente la legislación española hacia un camino de mayor coherencia y equilibrio entre todos los actores implicados en el complejo sector del urbanismo.