El departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos ha finalizado en Jaurrieta la reforma del último de los tres inmuebles municipales en desuso cedidos en el Pirineo a Nasuvinsa, en los que promover vivienda pública de alquiler para jóvenes en el ámbito rural, una iniciativa pionera en la que trabajan 15 ayuntamientos y que permitirá habilitar un total de 37 pisos, con una inversión pública de más de 3,8 millones.

Seis de los inmuebles están ya rehabilitados y sus 22 vivienda, el 60% del total previsto, han sido adjudicadas y entregadas en su práctica totalidad a través del censo de solicitantes de vivienda protegida, según ha indicado hoy el vicepresidente del Gobierno de Navarra y consejero de Vivienda, José María Aierdi, durante su visita esta mañana a Jaurrieta acompañado del alcalde de la localidad, José Manuel Narvaez; el director general de Proyectos Estratégicos, Rubén Goñi; el director gerente de Nasuvinsa, Alberto Bayona; personal técnico de esta sociedad pública y vecinos y vecinas de la localidad.

Las seis intervenciones de rehabilitación rural que ha acometido Nasuvinsa suponen una inversión global de 2,1 millones de euros, con obras ya finalizadas en Auritz / Burguete (4 viviendas), Aurizberri / Espinal (4), Jaurrieta (3), Roncal / Erronkari (2), Ujué (4) y Oronoz Mugairi (5).

Los nueve restantes ayuntamientos que han convenido con departamento que dirige el vicepresidente José Mª Aierdi la rehabilitación de edificios municipales actualmente sin uso son: Bizkarreta, Garaioa, Garralda, Isaba, Urzainki y Uztarroz en la comarca del Pirineo, a las que se suman Bakaiku, Guesálaz / Gesalatz y Oteiza. El inicio de las obras está previsto para el primer trimestre del próximo año 2023, para promover en su conjunto un total de 15 viviendas de alquiler protegido con una inversión de 1,7 millones de euros.

Lucha contra la despoblación rural

El consejero Aierdi ha señalado que “se trata de tres acciones estratégicas para paliar el fenómeno del despoblamiento en el medio rural, que están incluidas en el plan de acción del Pirineo que lidera del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Ejecutivo foral”.

Ha señalado que “la colaboración con las entidades locales es un factor esencial para seguir ampliando la oferta pública en régimen de alquiler, especialmente en las personas jóvenes, y ha ratificado el compromiso del Gobierno de Navarra de seguir impulsando iniciativas orientadas a reducir el impacto de la despoblación en el ámbito rural, un fenómeno que afecta con especial intensidad a la zona del Pirineo”.

Jaurrieta: 3 viviendas en planta baja y bajocubierta

El inmueble municipal de Jaurrieta está situado en la calle Elizabidea, 5. Su reforma y rehabilitación ha permitido disponer de 3 viviendas en planta primera y bajocubierta, por un importe de adjudicación de 314.600 euros.

El equipo redactor del proyecto ha estado integrado por equipo integrado por los arquitectos Jesús Estanislao Goñi Lacosta, Roberto García Valentín y José Luis Astiz Díaz. Las obras han sido ejecutadas por Maldadia, S.L.

Las obras han permitido subsanar las carencias constructivas que presentaba el edificio, así como redistribuir y acondicionar las plantas primeras y bajo-cubierta, en las que se han habilitado tres viviendas, dos de ellas ya entregadas a las personas inquilinas a través del censo de solicitantes, y la tercera en proceso de adjudicación.

Se ha realizado la envolvente térmica de las fachadas, para mejorar la eficiencia energética y acústica del edificio, y diversas estancias generales sin uso hasta ahora se han acondicionado como almacén o cuarto de instalaciones comunes, al tiempo que se ha instalado un sistema de calefacción y de abastecimiento de agua caliente sanitaria mediante un equipo de aerotermia, con radiadores, además de un sistema de ventilación mecánica para renovar el aire en el interior de cada vivienda.

Convenios de cesión de uso

Los convenios de cesión del uso de los inmuebles establecen que Nasuvinsa asume el coste de la rehabilitación y la gestión del alquiler durante el periodo acordado en cada caso, entre 35 y 50 años. Al cabo de este plazo de cesión, una vez la sociedad pública ha amortizado su inversión en las obras de reforma, las viviendas revertirán a los ayuntamientos.

Esta fórmula permite recuperar casas que se encuentran actualmente en deficientes condiciones de habitabilidad y sin uso específico, y que pueden ser susceptibles de ser destinadas a vivienda, con la que reforzar la oferta pública en régimen de arrendamiento protegido, para dar respuesta a la demanda local.