En los últimos tiempos, los avatares de la legislación urbanística han producido una masa normativa de difícil comprensión y aplicación, siempre cambiante. Paralelamente, la urbanización de nuevos territorios ha seguido unas pautas embebidas por el funcionalismo, espoleada por las presiones económicas. Estas metodologías tradicionales son cuestionadas desde hace tiempo tanto por la doctrina como por el máximo órgano ejecutivo de la Unión Europea: la Comisión. Las instituciones comunitarias abogan por la puesta en práctica de procesos distintos, deliberadamente moldeados por el principio de sostenibilidad y dotados de la más amplia participación ciudadana, en todas sus dimensiones. La ciudad debe mantenerse, remodelarse o expandirse desde una perspectiva ecológica y humanista, desvistiéndose de teorías y conceptos técnicos que, en la práctica, no han funcionado. Es precisamente esa crisis la que obliga a repensar las metodologías aplicadas. Esta anomalía hace surgir un nuevo paradigma en el Urbanismo que consiste en dejar de lado las visiones monistas —en cierto modo altivas— y proyectar la ciudad de una forma más consensuada partiendo del conocimiento de las realidades y sensibilidades del territorio.